“Y yo pregunto a los economistas políticos, a los moralistas, si han calculado el número de individuos que es necesario condenar a la miseria, al trabajo desproporcionado, a la desmoralización, a la infancia, a la ignorancia, a la desgracia... para producir un rico”. Almeida Garret
La infantilización de la pobreza
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| Bettina Silva Carneiro |
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ruguay ratificó el 28 de setiembre de 1990, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) aprobada en 1989, lo que significa que el país se compromete a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que las normas fijadas en la Convención sean efectivas. Si bien no constituye el primer acuerdo internacional específico sobre la infancia, significó un importante paso al incluir en su normativa, la obligación de los gobiernos que la ratifican a actuar, garantizando la efectividad de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo el fenómeno de la pobreza infantil en nuestro país deja en claro la distancia existente entre las reglas aprobadas y el ejercicio real de los derechos proclamados. A lo largo de su historia, Uruguay ha desarrollado continuas políticas públicas, dirigidas a dar soluciones a las necesidades de desarrollo social, destinando cifras importantes (alrededor del 28% en el 2004) del Producto Bruto Interno (PBI), que significó un destaque en la región, aún así dicha cuestión no se ve reflejada en la realidad y la pobreza tiende a concentrarse en los sectores de la población más joven y en particular entre los niños; situación agudizada por la crisis socio-económica del 2002, la cual fue catalogada como una de las peores de la historia uruguaya y de la que hasta hoy se sufre inevitables consecuencias. Si ha esto le sumamos la imagen general del país con una población –además de pobre– pequeña y envejecida, con una tasa de natalidad que figura entre las más bajas del continente, no es difícil visualizar las dificultades para enfrentar el futuro.
De acuerdo a datos recientemente divulgados por el Observatorio de los Derechos de la Infancia y Adolescencia en Uruguay (ODI-Unicef) correspondientes a los años 2003/2004, hay 380.000 niños con necesidades básicas insatisfechas, de los que 60 mil tienen una alimentación insuficiente, siendo considerados “indigentes”, lo que significa que el porcentaje total de pobreza en la población infantil supera el 51,9%. La franja etaria más maltratada corresponde de 0 a 5 años, con 124.000 niños pobres y 20.000 indigentes (1 de cada 10 niños uruguayos entre estas edades no tiene suficiente alimentación).
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En Tacuarembó más de mil niños forman parte del “Verano Solidario” Desde el pasado 10 de enero funciona en todo el país el programa “Verano Solidario y Feliz” que financia el Ministerio de Desarrollo Social en 300 escuelas de contexto crítico con la participación de 57.000 niños uruguayos.
l proyecto comprende actividades educativas pero apuntadas a la recreación, los deportes, expresión artística y promoción de hábitos saludables a través de programas y charlas como el de salud bucal, alimentación nutricional, etc. El plan que se extenderá hasta el 16 de febrero, incluye la entrega de alimentos para las familias, con las canastas “de fin de semana” que se entregan los viernes en los centros educativos. Según datos recogidos por TACUAREMBO 2000, en el departamento de Tacuarembó, aproximadamente 1.000 niños (1.400 menos que el año pasado) asisten a las 13 escuelas calificadas para el plan por Educación Primaria. En la capital departamental se desarrolla en los centros educativos de los barrios El Molino, San Antonio, López, Torres, Godoy, Artigas, Don Audemar y la Nº 7 de Av. Oribe y en el interior del departamento funciona en la Escuela N º3 de San Gregorio, Nº 9 de Curtina, Nº 73 de Villa Ansina y Nº 12 y 133 de Paso de los Toros; en cada una de ellas trabaja el director, dos maestros, un profesor de educación física y un profesor de manualidades. El programa va de lunes a viernes de 8.30 a 13 horas, brindándoles a los niños desayuno y almuerzo. “Verano Solidario” posee 10 años de existencia pero en esta oportunidad se le han sumado innovaciones, y está enfocado al desarrollo y la recreación del niño a través de la socialización con su grupo de pares, ofreciendo a su vez una atención especial a quienes presentan dificultades de aprendizaje; además se pretende no interrumpir el servicio de alimentación que los comedores escolares ofrecen durante el período de clases |
Dentro del territorio nacional la región norte y noroeste, es la más perjudicada, registrándose índices preocupantes de pobreza infantil en los departamentos de Artigas (68,4%), Salto (64,6%), Treinta y Tres (63,4%) y Rivera (60,3%). En Tacuarembó, con un total de 90.489 habitantes, el 27,5% tiene entre 0 y 14 años (Censo Fase I – 2004 INE) con 7.712 niños de 0 a 4 años (3.935 niños y 3.777 niñas), 8.753 de 5 a 9 años (4.449 niños y 4.304 niñas) y 8.438 de 10 a 14 (4.090 niñas y 4.348 niños), de los que el 50,1% vive en situación de pobreza, ubicándonos en una escala por departamento en el décimo lugar.
Según datos nacionales de ODI-UNICEF, mejoró la cantidad de niños y niñas de 4 y 5 años que concurren a centros de enseñanza, aumentando de 64,6% en 1991 a 85% en 2004, luego de declararse obligatorio la asistencia a enseñanza preescolar. Pero el egreso en los cursos superiores demora y repiten el año el 8,6% de los alumnos, concentrándose el mayor promedio en 1º grado (16,9%); situación que puede ser traducida al hecho de que la mayoría de los escolares provienen de hogares pobres y bajo nivel institucional (53,7%). En el 2004 un 1,3% de los niños entre 6 y 11 años no asistía a la escuela, alcanzando a alrededor de 1.500 niños muchos de los cuales viven en situación de calle. Aún así un dato destacable es la “universalización” de las Escuelas Públicas, las que reciben a 9 de cada 10 niños que asisten a Primaria en Uruguay.
En cuanto a mortalidad infantil, se produjo una baja en la tasa respecto al 2002 (13,6%), llegando al 13,2%, lo que coloca a Uruguay en una buena posición ante los países vecinos, a pesar de que el ritmo de descenso es más lento comparado con países similares estructuralmente como Chile y Cuba.
Ante esta muestra de la escasa eficacia de las políticas sociales que garanticen las necesidades básicas de los niños, surge la cuestión sobre los motivos donde radica el problema. Por política social se entiende, políticas públicas destinadas a brindar soluciones a las necesidades de desarrollo social para un sector de la sociedad cuyos ingresos resultan insuficientes para cubrir las necesidades básicas en educación, salud, vivienda, seguridad social (asignaciones familiares, seguro por desempleo y en mayor medida, jubilaciones y pensiones) e infancia, pero se comprueba que desde hace décadas se ha producido una desigual distribución del gasto social, siendo absorbido casi en su totalidad por el sistema nacional de seguridad social sobre todo a través de las jubilaciones, quedando limitados recursos para cubrir el resto de las políticas.
El monto del gasto público social destinado a la infancia, más o menos un 0,6% (2004) contra un 18,7% en seguridad social, no ha ayudado a revertir el desbalance generacional.
Sin dudas, entonces, la necesidad inmediata es articular de una forma más equilibrada estas políticas, para lograr una mejor “universalidad”, así como mirar con una perspectiva positiva el desarrollo de diferentes programas de atención a la infancia destinados a sacar a las personas de la situación de emergencia; algunos con varios años de actividad como los Centros de Barrio y CAIFs, plan “Verano Solidario”, expansión de las escuelas de tiempo completo, y otros más recientes implementados por el nuevo gobierno, tales como el Plan de Emergencia (PANES) y el proyecto “Maestros Comunitarios” en 270 escuelas de todo el país y con el trabajo de 580 docentes que buscan el apoyo constante para mejorar la situación de los niños en contexto crítico y de sus familiares.
Otra instancia importante en materia legal constituyó la adopción de un nuevo Código de la Infancia y Adolescencia, a pesar de que para muchos presenta carencias y cuestiones sobre aspectos referidos a la justicia penal juvenil que deberían ser revisadas.
Importa recordar que uno de los ocho objetivos fundamentales fijados para el desarrollo del milenio en la Cumbre realizada en Nueva York en setiembre de 2000 de la que participaron 189 países, entre ellos Uruguay, es erradicar el hambre y la pobreza extrema, llegando por lo menos a la mitad de las cifras actuales para el año 2015; las perspectivas de cumplimento no son positivas, pero la referencia está pautada.
Si observamos con atención los números citados, resulta imprescindible que quienes detentan poder de decisión dentro de nuestro contexto social, identifiquen y apliquen estrategias adecuadas para mejorar las condiciones de vida de niños y jóvenes postergados en sus derechos vitales y que estas políticas permitan una integración social de quienes ejercerán su ciudadanía en tiempos no muy lejanos.
