Página 4

Páginas - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 

Responsabilidad de todos

eyendo hace un rato el artículo editorial de la revista «EL CIUDADANO» que dirige el Dr. Ramón Díaz, con la solvencia intelectual que le es característica y cuyo primer número acaba de salir a luz, nos surgía una reflexión respecto de la realidad del Uruguay del ayer, del hoy y nos plantea el desafío de encarar ideas hacia el futuro.

   Decía el Dr. Díaz que uno de los síntomas más claros de la mala situación de la economía uruguaya desde hace años es la muy baja inversión que hoy llega al país o existe en el país; gracias a Dios podemos decir que en el departamento de Tacuarembó, hoy se están radicando inversiones sobre todo en el sector maderero muy importantes. Pero es innegable el acierto de la reflexión del Dr. Díaz a nivel nacional que por otra parte constituye una realidad desde hace varias décadas en el país. Esto además está claramente reafirmado en el documento sobre política económica que en el marco del diálogo político registrado entre los cuatro partidos políticos con representación parlamentaria en el verano pasado, suscrito por el hoy Presidente de la República y por los líderes de los otros partidos en cuanto se expresa allí que el objetivo de desarrollar inversiones en el país constituye un objetivo fundamental en la política económica a seguir para buscar el crecimiento y el desarrollo productivo.

   En su análisis el Dr. Díaz, manifiesta su escepticismo respecto de tales objetivos en función del elevado costo del Estado, que traslada (a través de impuestos y tarifas) cifras que hacen desestimular los propósitos de inversión y trabajar, en caso en que ella se concrete, con costos de funcionamiento demasiado altos o remuneraciones a los trabajadores demasiado bajas, objetivos ambos no deseados por el propio empresario. Y agrega que gran parte de esos elevados costos son provocados por el excesivo tamaño del sector público y en particular por la enorme cantidad de funcionarios públicos que excede largamente la proporción que sería razonable mantener en un Estado con crecimiento económico más o menos constante. Este es indudablemente uno de los puntos centrales de la cuestión que afecta tanto al Estado a nivel central como también a nivel de Empresas Públicas, como también a nivel de Gobiernos Departamentales (incluyendo Intendencias y Juntas Departamentales) y que naturalmente generan mayor escozor en su planteo por aquello de que al fin de cuentas, no nos llamemos a engaño, ello ha sido provocado por décadas de clientelismo político en donde los partidos tradicionales deben asumir con humildad y espíritu de autocrítica (más que nada el Partido Colorado por mayor antigüedad en el poder, pero también del Partido Nacional). Basta ver que Chile, un país con quince millones de habitantes registra en todo su Estado hoy en día no más de ciento cincuenta mil funcionarios públicos, mientras que el Uruguay con tres millones de habitantes o sea cinco veces menos , registra alrededor de doscientos veinte mil.

   Podemos también mencionar en el caso local del departamento de Tacuarembó, que cuando culminó la administración del Coronel Bonfrisco habían en la Intendencia de Tacuarembó 972 funcionarios, y esa cifra se va durante la administración de los Intendentes Sergio Chiesa y González Olalde a la cifra de 1.819 funcionarios, elevándose al doble la cantidad de funcionarios con el obvio incremento de costos y de impuestos, como la contribución inmobiliaria urbana aumentó en ese período de un saque solo en un 40 % ; descendiendo luego bajo mi administración a 1.574 funcionarios, cifra igualmente elevada que debe seguir descendiendo gradualmente .

   Pero además durante todos estos años anteriores al actual Gobierno Nacional , existió una fuerza política que si bien criticaba el clientelismo político, a su vez practicaba una nueva forma de clientelismo político que ha sido el Frente Amplio en cuanto se ha opuesto a todo intento de reducir plantillas de funcionarios a través de mecanismos de estímulo o buscando el retiro de aquellos con edad para hacerlo , incluso en la Junta Departamental de Tacuarembó su Bancada se opuso en el período pasado a ello, es más, se ha solidarizado sistemáticamente con cuanta reclamación ha existido en esa materia, apareciendo siempre como los buenos de la película. Pero ahora, en esta auténtica metamorfosis que esa fuerza política está teniendo desde que asumió el gobierno nacional y algunos gobiernos departamentales, esta fuerza parece compartir cada vez más (las responsabilidades de gobierno hacen madurar y ver de color blanco lo que antes se veía de color negro) el concepto, por cuanto plantea en el presente presupuesto nacional a estudio del parlamento mecanismos como el planteado en el artículo 29 del proyecto que remitió el Ejecutivo buscando dar incentivos para el retiro jubilatorio de funcionarios a los 58 años de edad e incluso, algo impensable unos meses atrás, algún intendente que pertenece a esa fuerza política, como el de Rocha, lisa y llanamente ha echado a la calle a más de 400 funcionarios municipales. Por más que no se pueda ignorar las pesadas herencias del pasado, que no son nuevas ni de ahora, tampoco se debe olvidar que cuanto costo político hubo de ser asumido por los demás partidos políticos, siempre estos fueron aprovechados irresponsablemente por quienes hoy parecen recién enterados de estas realidades, incluso un Ministro del actual gabinete acaba de expresar que habría que mandarles notas a anteriores Ministros de Estado, pidiéndoles disculpas por las duras críticas hechas antes.

   Parecería que estamos en tiempo ahora sí, todo el sistema político, de entendernos y con inteligencia buscar caminos que vayan atacando los problemas de fondo, como el que con mucha inteligencia plantea el Dr. Días en su editorial, porque ya no hay margen para juegos o ventajitas partidarias sobre estos problemas.