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Serpaj denuncia violación de DD.HH. en cárceles de Tacuarembó y Durazno

n equipo de abogados del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), recorrió en julio pasado, las cárceles de Tacuarembó, Paso de los Toros y Durazno, elaborando un informe al respecto en el cual denunció condiciones de reclusión violatorias de los Derechos Humanos en los tres establecimientos.

   En el documento, publicado en la página web institucional, denuncian: Alimentación insuficiente, que provoca que la población carcelaria pase hambre si no pueden complementarla con el famoso "paquete" que llevan los familiares. Carencia total de servicio de salud que impide exámenes periódicos, teniendo que trasladar al recluso al hospital de la zona para su atención. Falta de funcionarios policiales con preparación para tratar con reclusos. Ausencia de técnicos para trabajar con los presos en su recuperación para la vida y relación social (procuradores, sicólogos, asistentes sociales, docentes, etc.); deficiencia en el estado del establecimiento y en su higiene, baños, cocina e instalaciones eléctricas. Falta casi absoluta de actividades dentro del establecimiento, tales como enseñanza primaria obligatoria para los analfabetos. No separación entre procesados, penados, reincidentes y primarios.

   Tras conocerse el informe SERPAJ, el Jefe de Policía de Tacuarembó Insp. Ppal. Edilberto Duarte consideró que "algunos puntos evaluados no son desconocidos por las autoridades, ni por los miembros de la Jefatura de Policía, ni por los familiares de reclusos, ni por los reclusos mismos; otros no son tan así y merecen una aclaración". Refiriéndose concretamente al punto de la alimentación, expresó que siempre se trata de que en la dieta no falte carne, además "los mismos reclusos plantaron una huerta en la villa policial para mejorar su rancho; que la comida no satisfaga a todos los reclusos por igual en calidad y cantidad es posible pero que pasen hambre es una cuestión de matices".

   El tema que en realidad preocupa a la administración policial es que el presupuesto de la cárcel toma prácticamente el 70% del presupuesto de la Jefatura y aún así se está permanentemente en contacto con la Proveeduría Central del Ministerio del Interior tratando de que los presos no tengan problemas.

   En cuanto a la asistencia en salud,"sucede que de acuerdo a un convenio entre los Ministerios del Interior y de Salud Pública, cuando un recluso requiere atención médica, necesariamente debe ser trasladado al hospital más cercano, en nuestro caso al Hospital Regional, en el de Paso de los Toros al Centro de Salud local, lo que no quiere decir que carezcan de asistencia médica". Dijo también que hay un solo enfermero que se ocupa de controlar y administrar los medicamentos de receta verde que los mismos reclusos no pueden tener en su celda sin control, "hemos programado con el hospital tareas de prevención de enfermedades y planes de vacunación entre la población reclusa, ya que está confirmada la enfermedad del Sida en dos reclusos".

   En la cárcel departamental algunos docentes en una forma solidaria le dan clases a un grupo, "a los que se preocupan y quieren aprender" y artesanos de nuestro medio intentan de la misma forma enseñar un oficio. A través del Patronato y de la Iglesia Mormona se consiguió un horno profesional para elaborar panes.

   Sin lugar a dudas la cuestión más difícil y que requiere una inmediata solución es que la cárcel de Tacuarembó que hoy aloja a 93 presos fue concebida para 60 y se encuentra en el centro comercial de la ciudad, en un edificio totalmente vetusto y sin posibilidades de ampliación. En una breve visita a Tacuarembó, el Ministro del Interior José Díaz dialogó con Duarte sobre la posibilidad del traslado de la cárcel, teniendo en cuenta dos lugares, uno sería en Paso Bonilla y el otro cerca de la División del Ejército III; ambos terrenos municipales, pero las dificultades radican en la construcción de los pabellones.

Entre los desaparecidos en Paraguay por el plan Cóndor podría haber un tacuaremboense

Hace 13 años, en Paraguay se halló tres toneladas de documentación que prueba la existencia del Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur. Martín Almada (abogado y maestro) fue responsable de aquel descubrimiento. De visita en Montevideo, afirma que hubo 40 uruguayos desaparecidos en Paraguay.

Queremos socializar la información, mostrar la necesidad de esclarecimiento y, sobre todo, luchar contra la impunidad", sentenció. (Este texto se encuentra en la página web de Espectador.com). El abogado paraguayo fue consultado por el periodista Emiliano Cotelo en el programa En Perspectiva de Radio Espectador el 15 de setiembre.

   Por su conocimiento sobre estos hechos, Martín Almada vino a Uruguay convocado por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Beatriz Argimón y también se reunió con el secretario de la Presidencia, Dr. Gonzalo Fernández. El entrevistado dijo que con motivo de la invitación "fui una semana al archivo a hacer esta investigación y saltó esta lista". De la consulta extraemos lo siguiente:

   –No, es toda la información que tengo. Yo volvería a Paraguay para hacer la investigación de qué destino tuvo esta gente...

   –Están los nombres, está el origen, Tacuarembó…, en fin, los pueblos de origen de esta gente.

   –No, no, no he tenido oportunidad. Yo vine a traer esto oficialmente a la Comisión de Derechos Humanos; seguramente esta comisión dará la lista a los familiares para que se investigue.

   En el reportaje Cotelo recordó que en el informe de la Comisión para la Paz, se confirmaron dos denuncias de uruguayos desaparecidos en Paraguay, las de Gustavo Edison Insaurralde Melgar y Nelson Rodolfo Santana Scoto. De acuerdo a la documentación presentada por el Dr. Almada cambiaría sustancialmente la nómina.