Aborto... de eso no se habla

La pobreza tiene cara de mujer en Latinoamérica y el mundo donde el 70% de los 3.000 millones de pobres son mujeres y niñas. A su vez 2/3 de los analfabetos son mujeres y si bien ha habido importantes avances en la condición de la mujer en los últimos 50 años gracias a sus luchas por la equidad, siguen pendientes varias cuestiones de gran consideración. Son ejemplares las leyes que España ha aprobado al respecto, la Ley contra la violencia de género contribuyó a aumentar la protección a la mujer mediante iniciativas penales, educativas, sociales y laborales. Una de las problemáticas que más controversia ha generado es la despenalización del aborto, al tratarse valores tan importantes como la vida misma.

Bettina Silva Carneiro

u práctica y una legislación acorde han sido adoptadas en diversos países con resultados importantes para la salud femenina, evitando que enfermen o mueran a causa de abortos mal practicados. Un caso conocido a nivel mundial y asumido como bandera fue el de Rosita… una niña nicaragüense que quedó embarazada producto de una violación antes de cumplir los 9 años de edad, sucedió en Costa Rica, país donde sus padres trabajaban en la cosecha de café. Rosita corría riesgo de vida y ni siquiera tenía muy claro lo que un embarazo significaba, debió ser “raptada” por sus padres –apoyados por organizaciones internacionales– del hospital, en estado avanzado de gravidez para llevarla a Nicaragua, donde la ley permite realizar abortos terapéuticos; allí la intervención fue realizada en una clínica privada. El caso creó conflictos internacionales entre ambos países y dentro de la Iglesia Católica que “excomulgó” a la niña a pesar de la violación y que corría riesgo su vida, medida que generó campañas mundiales en las que mujeres a través de la web declaraban “yo también quiero ser excomulgada”.

   No son casos lejanos ni ajenos… también suceden por éstas latitudes. En Uruguay hace más de cuatro años que el tema se discute en la opinión pública, significando un desafío para la sociedad donde importa una información correcta para reflexionar válidamente y asumir un protagonismo en la cuestión.

   En América Latina actualmente hay 450 niños por cada 100 mayores de 60 años; en Uruguay la cantidad baja a 150 por cada 100 adultos mayores. De acuerdo a expresiones de la socióloga y demógrafa de la Facultad de Ciencias Sociales, Mariana Paredes “en Uruguay estamos a punto de caer por debajo de los nacimientos. La población no alcanza para reemplazarse, nacen menos y mueren más”… somos pobres y envejecidos, eso no es novedad, pero cuestionémonos en que condiciones debemos revertir esa dualidad. Es cierto también, que nuestro país está despoblado. Preocupa la escasez de nacimientos, pero no que mueran los que nacen desnutridos o con otras enfermedades de la pobreza, absolutamente evitables ni que el 48% de los niños que nacen, lo hacen en el 20% de los hogares más pobres y que el 80% de las mujeres jóvenes que han sido madres, no completó estudios secundarios y no está integrada al mercado laboral (encuesta sobre Reproducción Biológica y Social, realizada en el 2004 por el MSP y otras instituciones).

   Tampoco parece inquietar demasiado que en el 85% de los hogares monoparentales, las mujeres son las jefas de hogar y una de cada dos de ellas en edad activa y con niños menores de 5 años, es pobre, que la precocidad en la edad de inicio de las relaciones sexuales es mayor a medida que desciende el nivel de instrucción alcanzado ni que una parte significativa de la población en edad de procrear a tendido que emigrar porque el país no le ofrece oportunidades de trabajo digno. Más aún, que el 95% de las complicaciones relacionadas con el aborto se da en los países subdesarrollados, incluyendo a Uruguay, donde las estimaciones recientes sobre la incidencia de ésta práctica arrojan una cifra monstruosa de 33.000 interrupciones anuales, aún siendo clandestina, pero cotidiana y masiva; condiciones que no sólo impiden un correcto control sanitario sino que además provoca que sea utilizado como método de anticoncepción, hábito que debe ser erradicado.

   En Uruguay hace 60 años que se estudia como resolver el aborto; práctica llevada a cabo a través de siglos en condiciones verdaderamente atroces e inhumanas. “Queremos simplemente que se coloque la cuestión en sus términos humanos y razonables y que se entienda que el aborto es un acto que debe quedar en cuanto a su calificación, en el terreno de la moral; que no debe hacerse intervenir para su represión a la ley, porque la ley, ya lo ha demostrado en nuestro propio medio, fracasa, y hay más: puede llegar a ser contraproducente desde el punto de vista de los intereses sociales” sostenía Emilio Frugoni en 1937, pero en 1938 fue aprobada la Ley Nº 9.763 que penaliza el aborto. El delito ingresó al Capítulo IV del Código Penal del año 1934 como Art. 325 y siguiente. La normativa dice que la mujer que causara su aborto o lo consintiese será castigada con 3 a 9 meses de prisión. El que colabore con la interrupción del embarazo con actos de participación principal o secundaria será castigado con 6 a 24 meses.

   Sin embargo el marco legal establece algunas atenuantes y eximentes pero siempre a juicio del juez actuante: si el aborto se practica para eliminar el fruto de una violación, con consentimiento de la mujer queda eximido de castigo. Si se concreta sin su consentimiento, la pena disminuye de 1/3 a la mitad. Si se produce por causas graves de salud con el consentimiento de la mujer para salvar su vida quedará también eximida de sanción. Si el aborto se comete por razones de angustia económica con el consentimiento de la mujer después podrá llegar hasta la eximisión de la pena (lo que fue aplicado hace unos meses en nuestro país en el Hospital Pereira Rossell en una mujer en situación de calle). El Código también sostiene que es el juez, la autoridad que podrá eximir totalmente el castigo cuando el delito se cometiera para salvar el propio honor, el de la esposa o de un pariente próximo.

   Tanto la atenuación como la eximisión de la pena regirán sólo cuando la interrupción fuera realizada por un médico dentro de los 3 meses de gestación.

   Ésta es la norma jurídica vigente amparada por el Pacto de San José de Costa Rica, que considera el derecho de toda persona a que se le respete su vida, estableciendo que a partir del momento de la concepción nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Hoy existe un proyecto de ley en estudio que pretende la despenalización del aborto en ciertas circunstancias.

   El proyecto de Ley de Defensa de la Salud Sexual y Reproductiva fue aprobado por la Cámara de Representantes el 10 de diciembre de 2002 y desde entonces deambula por el Senado y el Parlamento que aún no ha considerado su aprobación total. Existe una coordinación nacional de organizaciones que está a favor del proyecto, integrada por un sinnúmero de instituciones vinculadas a la mujer, religiosas, políticas, sindicales, entre otras. La iniciativa tiene como origen varios indicadores preocupantes, por ejemplo, que entre las consecuencias negativas de la Ley Nº 9.763, está el desconocimiento total del verdadero índice de mortalidad materna debido a abortos practicados en situaciones de riesgo. No obstante sí se conocen cifras del año 2001 en el Hospital Pereira Rossell, donde esa situación alcanzó el 71%, cantidad elevada que se debe a que allí se atiende la población más pobre del país, que no accede a condiciones sanitarias adecuadas. Esto supone el incumplimiento de tratados y acuerdos internacionales ratificados por nuestro país contra la discriminación ya sea por género, raza o condición económica de la mujer.

   La iniciativa busca que desde el Estado se regule la práctica del aborto para consolidar las garantías que tienen los actos médicos, terminando con una forma de degradación de la mujer al evitar prácticas riesgosas. Pero la propuesta es más amplia y en sus 3 capítulos integrados por 17 artículos considera además que el Estado debe contar a través del MSP con un sistema sanitario adecuado, orientado a la promoción, prevención y atención con recursos y personal con capacitación y trabajo en equipos multidisciplinarios. Garantizar la educación sexual a todos los niveles del sistema educativo formal e informal, capacitando a los docentes para que no “violen la laicidad ni se violente la conciencia de alumnos y padres”. Dar a conocer y universalizar todos los métodos anticonceptivos, defendiendo el derecho de la mujer a disponer de su cuerpo y de decidir cuándo y cuántos hijos desea tener “bregando por una paternidad responsable”.

   Y finalmente considera la suspensión voluntaria del embarazo por parte de la mujer en situaciones de penuria económica, social o familiar, no obligando a los profesionales, que por ideas, se nieguen a realizar abortos, los que no tendrán un “valor comercial”.

   En encuesta sobre en qué casos justificaría un aborto, los uruguayos respondieron: 94% cuando hay riesgo de vida, 90% cuando fue una violación, 47% por motivos económicos, 44% por voluntad de la mujer, 33% en madres solteras y solamente el 17% considera que no hay justificación para el mismo.

   En cuanto a quien debe decidir sobre el caso, el 7% opina que debe decidir el Presidente de la República, el 14% el Parlamento y el 75% por la sociedad a través de un plebiscito.

   Una de las fracciones políticas que ha asumido el tema como un verdadero “compromiso socialista” es el Partido Socialista de Uruguay representado a través de la senadora Mónica Xavier que en varias oportunidades anunció “si este proyecto no avanza, yo pido perdón a las mujeres que morirán mientras no se encuentre otra solución”.

   En Tacuarembó legisladoras departamentales se han pronunciado al respecto. La edil suplente del Frente Amplio Ana Cecilia Fernández (VA) y la edil blanca, Teresita García (50) expusieron sus puntos de vista. Para Fernández el proyecto implica “un avance sustancial en la profundización de la democracia y promueve una visión amplia e integral de ciudadanía y autonomía” tomando en cuenta a las mujeres como sujeto de derecho. Legislando desde la libertad; “asesorando desde la prevención a la mujer o a la pareja en la toma de decisiones, ofreciendo diferentes alternativas pero siempre respetando las decisiones individuales introduciendo un aspecto fundamental y no antes considerado que es el de la paternidad responsable”, desde la igualdad y la justicia social “brindando las mismas oportunidades, eliminando la desigualdad entre las mujeres que pueden pagarse un aborto ilegal en una clínica privada y el resto que no puede y se arriesga con malos abortos ilegales, dejando de ser un acto seguro y discreto sólo para algunos sectores” y desde la diversidad “respetando creencias, circunstancias personales y no intentando regular sobre valores morales y éticos que ninguna legislación debe proponerse regular”.

   García difiere considerando que es“un nuevo proyecto abortista que lo han querido disfrazar con un título que consiga la aceptación de la generalidad de la gente pues nadie puede estar en contra de la salud sexual y reproductiva”, cuestionándose sobre los diferentes puntos que trata como: ¿En qué lugar ubicaremos a la mujer que quiere ser madre y no logra el placer en su relación? ¿Quién va a capacitar a los docentes en educación sexual para no violentar?; sobre la interrupción voluntaria por parte de la mujer, el padre del bebé ¿no tiene derecho a hacer valer su paternidad? ¿Quién determina cuáles son las situaciones de penuria que habilitan a no continuar con el embarazo? Además reclamó que efectivamente deberían darse a conocer todos los métodos de anticoncepción “y no priorizar algunos como lo hace Salud Pública con el DIU sin explicar a muchas de las que se lo colocan, las contradicciones y que es abortivo”.

   García también opina que no se pondrá fin a los abortos clandestinos con una ley; “si sabemos donde se practican, tomemos medidas, porque la clandestinidad continuará al igual que cada día hay más curanderos a pesar de los servicios que presta Salud Pública e instituciones privadas” y sostuvo con firmeza que no se debería hablar tanto de anticoncepción cuando tenemos uno de los índices de natalidad más bajos.

   El debate sigue… y estaría bueno que todos y todas nos involucremos. No obstante se ha avanzado mucho en términos de difusión y comprensión. Tanto partidarios como detractores están convencidos que es un asunto serio sobre el que hay que seguir discutiendo en la búsqueda de mejores soluciones, porque ya no se puede esperar más y fundamentalmente, porque le lleva mucho tiempo a una sociedad no sentirse obligada a callar.

bettina@tacuarembo2000.com
Ilustraciones de portada: Ralph Heimans
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